La transparencia, y la integridad que ésta sustenta, son fundamentales para aumentar la efectividad del gobierno, una gobernanza sólida y la restauración de la confianza social en las instituciones y mercados. También apoyan los esfuerzos por combatir la corrupción, por lo que fortalecen una eficiente asignación del gasto público, desincentivan la evasión impositiva, reducen costos financieros y de transacciones, elevan la resiliencia de las cadenas de suministro, disminuyen las barreras comerciales y promueven la inversión productiva, afectando positivamente la sostenibilidad, competitividad y desarrollo económico.
Una transparencia efectiva depende de un número de factores intrínsecamente conectados, incluyendo la rendición de cuentas, calidad institucional, respeto por el estado de derecho y productividad. Además, las Buenas Prácticas Regulatorias (BPRs) pueden constituir un método práctico para incrementar la transparencia e integridad, ya que la calidad regulatoria es un factor determinante de la productividad y la competitividad y un componente clave de los procesos gubernamentales mejorados de toma de decisiones en relación con el entorno empresarial y la promoción del comercio.
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