Con el fin de asegurar una organización efectiva y un trabajo productivo, el Diálogo Empresarial de las Américas es llevado a cabo a través de los siguientes Grupos de Trabajo:

El Grupo de Trabajo de Agronegocios fue creado en el 2017 y está en el proceso de consensuar sus recomendaciones de políticas a presentar a los Jefes de Estado del hemisferio en la próxima Cumbre de las Americas (Perú, 2018).

El desarrollo de economías basadas en el conocimiento redunda en la importancia cada vez más significativa de la innovación, la creatividad y el capital intelectual como fuentes de competitividad y crecimiento a largo plazo.

El objetivo del Grupo de Trabajo de Capital Humano e Innovación es recomendar políticas enfocadas en cinco factores clave que favorecen la innovación: i) colaboración entre universidades e industria; ii) calidad del capital humano; iii) claridad y exigibilidad del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de propiedad intelectual; iv) libre transmisión transnacional de datos; e v) inversión pública en investigación y desarrollo.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Informe del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Crear un centro regional de investigación, innovación y emprendedurismo dirigido a la creación de canales de comunicación para conectar el sector público, las empresas privadas, las universidades y los centros de investigación con el objetivo de promover la colaboración regional en la investigación y la generación de incentivos para estimular la inversión privada en innovación.
  • Promover la implementación de las asociaciones público-privadas para la enseñanza técnica y ocupacional, así como también la educación en lenguas extranjeras, para crear una fuerza laboral más móvil y más calificada que responda a la demanda de habilidades del sector privado y a las necesidades de las comunidades locales.

El Grupo de Trabajo de Comercio y Economía Digital fue creado en el 2017 está en el proceso de consensuar sus recomendaciones de políticas a presentar a los Jefes de Estado del hemisferio en la próxima Cumbre de las Americas (Perú, 2018).

La cooperación en materia regulatoria procura prevenir y eliminar obstáculos al comercio y la inversión generados por diferencias normativas entre socios comerciales. Dado que en todos los países las autoridades de regulación en general persiguen fines comunes —resguardar la salud pública, la seguridad y la calidad ambiental, proteger a los consumidores y facilitar el funcionamiento adecuado de los mercados— estas divergencias a menudo pueden ralentizar la economía sin que esto implique necesariamente garantías adicionales. Por ende, la mejora y simplificación de los procedimientos, una capacitación más intensa de las autoridades de regulación y una cooperación más estrecha entre ellas genera eficiencias administrativas y mayor prosperidad económica sin poner en riesgo los objetivos que persiguen las autoridades regulatorias.

El objetivo del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Regulatoria es recomendar políticas orientadas a: i) definir un parámetro de referencia de prácticas regulatorias adecuadas que facilite el desarrollo de economías competitivas; ii) crear mecanismos para el desarrollo de capacidades en países que aspiren a alcanzar los niveles de referencia o instancias más avanzadas de desarrollo en materia regulatoria; y iii) desarrollar un mecanismo para la coordinación público-privada en proyectos específicos de cooperación regulatoria.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Informe del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Adoptar las mejores prácticas regulatorias internacionales, involucrando la experiencia del sector privado y mejorando la comunicación y la confianza entre los reguladores de la región, para desarrollar agendas de reforma que permitan alcanzar procesos regulatorios cooperativos, incluyendo acuerdos de reconocimiento mutuo, que sean transparentes para todas las partes afectadas, estimulen la consulta pública, provean aviso anticipado y estén basados en conocimientos científicos sólidos y evidencias claras.
  • Establecer un mecanismo de consulta regional en materia regulatoria para promover una mayor compatibilidad, incluyendo, cuando sea apropiado, la armonización de regulaciones futuras, y para resolver los problemas y reducir las cargas derivadas de las regulaciones existentes a través de equivalencias, el reconocimiento recíproco u otras vías que se acuerden.

La energía es un recurso crítico para empresas y consumidores y un factor central para propiciar el crecimiento económico y la competitividad. América es una superpotencia energética a nivel mundial, con vastas reservas de petróleo y gas y rica en oportunidades para el desarrollo de energía hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica. Pese a ello, algunos países  de la región afrontan altos costos de energía y deben lidiar con la falta de alternativas no contaminantes.

El objetivo del Grupo de Trabajo de Energía es recomendar políticas enfocadas en i) propagar los beneficios de la abundancia energética a nivel regional, ii) incrementar el uso de energías renovables, iii) adoptar tecnologías que promuevan la eficiencia energética, y iv) promover una interacción entre el sector público y el privado para aprovechar el potencial energético de la región y aumentar la competitividad y el crecimiento económico.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Informe del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Enfrentar los desafíos energéticos de la región, prestando especial atención a las necesidades de los mercados más pequeños, como los de América Central y el Caribe, mediante la implementación de medidas para adoptar fuentes de energía renovables y de eficiencia energética y mediante la colaboración con el sector privado para desarrollar rápidamente una estrategia coherente para aumentar el uso del gas y disminuir la actual dependencia del petróleo.
  • Desarrollar una plataforma regional que garantice la contribución activa del sector privado en la ejecución de los proyectos de integración energética regional que se han desarrollado en el marco de las iniciativas públicas regionales, como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central.

La facilitación del comercio es un elemento crucial para el crecimiento económico global, la creación de empleo y la mejora del nivel de vida de la población. Implementar iniciativas de facilitación del comercio es un paso clave para optimizar los procedimientos en frontera, incrementar su celeridad y reducir sus costos, estimulando las exportaciones e importaciones y permitiendo que se obtengan mayores beneficios del comercio internacional y que los países y sus empresas logren un desempeño más destacado en las cadenas de valor regionales y globales.

El objetivo del Grupo de Trabajo sobre Facilitación del Comercio es recomendar políticas orientadas a: i) crear medios que ayuden a los países a implementar las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC; y ii) progresar más allá de lo estipulado en el acuerdo para modernizar la gestión aduanera, por ejemplo a través de la gestión de riesgo aduanero, los mecanismos de ventanilla única, las políticas de facilitación para envíos de bajo valor y otras medidas similares; iii) promover la integración regional de las Américas; iv) fomentar y afianzar la creación de cadenas de valor globales en la región; e v) identificar barreras y sugerir lineamientos de trabajo para las instituciones públicas y privadas que puedan incidir en el mejoramiento de la competitividad de las Américas en el área del Comercio Internacional de Servicios.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Informe del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Trabajar en conjunto con el sector privado para asegurar la plena y rápida implementación en la región del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, dando prioridad a la aplicación de los acuerdos sobre las resoluciones anticipadas, derechos y cargas, levante y despacho de mercancías y las formalidades relacionadas con la importación, la exportación y el tránsito; así como una estrecha cooperación entre las autoridades fronterizas para facilitar el comercio.
  • Implementar políticas de facilitación del comercio para envíos de valor bajo, aplicables independientemente del país de origen, que cubran derechos, impuestos y cargas al ingreso. Estas políticas deberían eliminar trámites aduaneros onerosos e innecesarios en la frontera.
  • Facilitar los trámites de ingreso y los requisitos de visado para los viajeros de negocios y proveedores de servicios dentro de la región a través de la implementación de una Tarjeta de Viajes de Negocios de las Américas.
  • Desarrollar políticas públicas diseñadas específicamente para mejorar las condiciones que promuevan las exportaciones de servicios, como por ejemplo, eliminar progresivamente los obstáculos fiscales y adoptar convenios de doble imposición, dar prioridad a los proveedores regionales de servicios en las compras públicas, apoyar la participación de empresas locales en foros internacionales, desarrollar un sistema de acreditación para proporcionar credibilidad internacional y mejorar el sistema regional de información y estadísticas sobre exportación de servicios.

El sector financiero de América Latina y el Caribe presenta un conjunto de oportunidades y desafíos cuyo abordaje es fundamental para el desarrollo económico y social. Por un lado, se vislumbran nuevas posibilidades para acercar oportunidades de financiamiento a emprendedores y consumidores hasta ahora excluidos de servicios financieros. Por otra parte, los mercados de capitales si bien han crecido considerablemente aún requieren una mayor profundización, armonización e incluso es importante lograr una mayor integración de aquellos que carecen de escala. Asimismo, la región se vería beneficiada si los países contaran con regulaciones financieras coordinadas y alineadas con prácticas globales y si se implementaran políticas para fomentar la inversión privada en infraestructura.

El objetivo del Grupo de Trabajo de Finanzas es recomendar políticas orientadas a: i) desarrollar, profundizar y armonizar el mercado de capitales de la región; ii) promover la inclusión financiera; iii) fomentar la coordinación regional de la regulación financiera; y iv) crear un marco sostenible y adecuado que propicie la inversión privada en el desarrollo de infraestructura.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Informe del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Tomar medidas para profundizar y armonizar los mercados de capitales e integrar los mercados que carecen de escala, facilitando las inversiones de las entidades públicas, que constituyen algunos de los principales inversoresemitiendo bonos con distintas fechas de madurez que otros puedan utilizar como referencia para fijar el precio de sus títulos valores, y compatibilizando los requerimientos para la cotización en bolsa, la calificación crediticia, y las licencias profesionales con los estándares aceptados internacionalmente, para crear un marco simple y transparente para los procesos de emisión de títulos.
  • Estimular la inclusión financiera a través del desarrollo de políticas para: a) construir una red de “banca sin sucursales” amplia y abierta, permitiendo que agentes no tradicionales provean servicios financieros en especial en áreas rurales o sin cobertura financiera, y; b) capitalizar la innovación digital, proveyendo estándares comunes para la banca móvil y digital y su interoperabilidad y sistemas de identificación segura de clientes y adoptando políticas de gobierno que incorporen la posibilidad de pagos digitales como la distribución electrónica de transferencias monetarias condicionadas y subsidios federales y locales y el requisito de que las entidades gubernamentales acepten pagos electrónicos.

En términos generales, la logística y la conectividad están presentes en todas las actividades económicas y tienen un amplio impacto en los niveles de eficiencia y crecimiento de cada país y de la región. Asimismo, la excelencia en infraestructura es una condición previa para una economía saludable y en economías regionales que han comenzado su desarrollo recientemente esto es particularmente vital para mejorar el acceso a mercados en los cuales compradores y vendedores pueden estar a cientos de kilómetros de distancia del polo comercial o de la ciudad portuaria más cercana.

El objetivo del Grupo de Trabajo de Infraestructura, Logística y Conectividad es recomendar políticas orientadas a: i) promover la inversión en infraestructura y la financiación de proyectos; ii) mejorar el desempeño logístico y la calidad de los servicios de logística; y iii) fomentar la conectividad.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Informe del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Crear un centro regional de desarrollo y monitoreo de infraestructura independiente, integrado por recursos profesionales, que facilite la participación del sector privado y la concreción de alianzas público-privadas para la ejecución de proyectos regionales de infraestructura, como el Proyecto Mesoamérica y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. El centro serviría para desarrollar proyectos de infraestructura en los términos del mercado, institucionalizar las mejores prácticas en la materia y desarrollar contratos y documentos estandarizados en formato bilingüe o trilingüe.
  • Desarrollar una infraestructura robusta y moderna que facilite el movimiento eficiente de mercancías desde y hacia las instalaciones de manufactura y ensamblaje, y asegurar la libertad de navegación, de modo que permita la conectividad multimodal y el transporte intermodal.
  • • Tomar medidas para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de la región, de modo que esté preparada adecuadamente para afrontar el cambio en los flujos producto de la ampliación del Canal de Panamá, lo que incluye el aumento de la capacidad de puertos y aeropuertos, la expansión de la infraestructura física y logística y la optimización del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo.

Cada período de auge económico en la historia de América Latina ha estado asociado con fuertes inversiones en sus industrias extractivas. En 2010, un tercio de las inversiones mundiales en minería se llevó a cabo en América Latina. Sin embargo, pese a la abundancia de recursos de la región, todavía existe un potencial sin explotar: más del 75% del flujo de inversión en minería se direcciona a proyectos en solo tres países – Chile, Perú y Brasil. Esto deja subutilizados recursos vastos y competitivos en otros países de la región.

El objetivo del Grupo de Trabajo de Recursos Naturales es recomendar políticas orientadas a desarrollar el sector en América Latina y el Caribe, a través de: i) promover la implementación de prácticas fiscales y de regalías óptimas; ii) fomentar la creación de centros de estudios nacionales sobre recursos naturales; y iii) aplicar de modo claro y consistente las normas ambientales y laborales.

Algunas de sus recomendaciones que forman parte del Diálogo Empresarial “Del Diálogo a la Acción”, incluyen:

  • Estimular la inversión en recursos naturales mediante la adopción de esquemas de distribución de los ingresos para el sector que aseguren que los gobiernos y las empresas compartan los riesgos y los beneficios de la actividad. 
  • Promover una transferencia transparente y justa de las regalías a las comunidades locales de modo que se beneficien de la inversión en recursos naturales y la apoyen.

El Grupo de Trabajo de Transparencia fue creado en el 2017 está en el proceso de consensuar sus recomendaciones de políticas a presentar a los Jefes de Estado del hemisferio en la próxima Cumbre de las Americas (Perú, 2018).